La Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para abrir o ampliar una investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por la presunta protección que habría brindado al cártel de los Arellano Félix durante su administración. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Sheinbaum se deslinda y remite a la FGR
La mandataria fue cuestionada sobre señalamientos históricos que vinculan a Ruffo, militante del Partido Acción Nacional, con el grupo criminal que operó en la región durante las décadas de 1980 y 1990. Sheinbaum subrayó que las instituciones de procuración de justicia deben actuar con autonomía y con base en evidencias, por lo que evitó emitir un juicio anticipado sobre las acusaciones.
“Si existen elementos que así lo ameriten, corresponde a la FGR realizar las investigaciones pertinentes”, declaró la presidenta, quien reiteró que cualquier indagatoria corresponde exclusivamente al Ministerio Público federal, el cual deberá valorar las pruebas y determinar si procede una investigación formal.
Antecedentes del caso Ruffo
Ernesto Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995, siendo el primer mandatario estatal de oposición en México tras la hegemonía del PRI. Durante su gestión, el cártel de los Arellano Félix consolidó su poder en Tijuana, convirtiéndose en uno de los grupos delictivos más violentos del país. En años recientes, han surgido testimonios y documentos que sugieren una presunta complicidad de funcionarios estatales con la organización criminal.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el caso. La investigación, de concretarse, se sumaría a otros procesos judiciales que involucran a exgobernadores panistas, como el de Javier Corral en Chihuahua o Guillermo Padrés en Sonora, aunque por delitos distintos.
Impacto político y legal
La declaración de Sheinbaum se da en un contexto de creciente escrutinio sobre actos de corrupción en administraciones pasadas. El gobierno federal ha impulsado reformas para fortalecer la autonomía de la FGR, aunque organizaciones civiles han señalado lentitud en las investigaciones contra políticos de alto perfil.
Analistas consideran que el caso Ruffo podría convertirse en un termómetro de la voluntad del gobierno para perseguir la corrupción sin distingo partidista. El exgobernador, de 82 años, ha negado las acusaciones en el pasado y no ha emitido declaraciones recientes al respecto.
