La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó sobre la instalación de la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia, un mecanismo que permitirá analizar la preliberación o amnistía de mexicanos en situación vulnerable que se encuentran privados de la libertad.
Objetivos de la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia
Desde su cuenta en la red social X, Rodríguez Velázquez detalló que la mesa de trabajo busca coordinar esfuerzos con el sistema penitenciario y los poderes judiciales de las entidades federativas. En su mensaje, la titular de Gobernación explicó: “Instalamos la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia en la @SEGOB_mx, a través de la cual coordinaremos esfuerzos con el sistema penitenciario y las entidades, para que personas privadas de la libertad que están en condiciones de vulnerabilidad puedan ser beneficiarias de los mecanismos de amnistía, preliberación o cambios de medida cautelar. La justicia también se construye con sensibilidad, dignidad y sentido humano”.
La mesa operará bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en colaboración con el sistema penitenciario y los poderes judiciales locales. Este esfuerzo busca garantizar que los beneficios legales lleguen a quienes más lo necesitan.
Perfiles de personas beneficiarias
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la mesa considerará los siguientes casos para otorgar amnistía, preliberación o cambios de medida cautelar:
- Personas adultas mayores de 60 años que cuenten con sentencia ejecutoriada.
- Personas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales.
- Personas adultas mayores de 70 años y en prisión preventiva.
- Personas que excedan el plazo de prisión preventiva de 2 años.
- Personas víctimas de tortura acreditadas con el Protocolo de Estambul.
Estos criterios buscan atender a los grupos más vulnerables dentro del sistema penitenciario mexicano, priorizando la salud, la edad y el respeto a los derechos humanos.
Impacto y próximos pasos
La instalación de esta mesa representa un paso concreto para revisar casos de personas en prisión que, por sus condiciones, podrían ser elegibles para estos beneficios. La coordinación entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, el sistema penitenciario y los poderes judiciales locales será clave para implementar los mecanismos de manera efectiva.
La Secretaría de Gobernación no ha precisado fechas específicas para la revisión de casos, pero la mesa ya está en funcionamiento. Se espera que en los próximos meses se den a conocer los primeros resultados de las evaluaciones y las resoluciones sobre los casos analizados.
