Unas 600 personas de 12 comunidades indígenas del municipio de Chilapa, en Guerrero, realizaron una asamblea regional este fin de semana en la comunidad de Alcozacán para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y denunciaron una presunta campaña de criminalización contra los pueblos indígenas organizados.
En la reunión participaron integrantes del CIPOG-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), quienes emitieron un pronunciamiento en el que responsabilizan al grupo delictivo de Los Ardillos de los ataques contra comunidades indígenas entre 2015 y 2026, que han dejado decenas de personas asesinadas, cientos de desplazados y cuantiosos daños materiales, con el objetivo de despojarlos de sus territorios y recursos naturales.
Exigen liberación de Jesús Plácido Galindo
Uno de los puntos centrales de la asamblea fue la exigencia de liberar a Jesús Plácido Galindo, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano, acusado de haber orquestado el homicidio del comisario de la comunidad de Xicotlán. Los integrantes de la CRAC-PF afirmaron que los gobiernos federal y estatal buscan criminalizar a las autoridades comunitarias, por lo que demandaron la cancelación de las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que consideran fabricadas en su contra.
Además, solicitaron el reconocimiento oficial de la Policía Comunitaria, señalando que brinda seguridad a las familias de la región conforme a los lineamientos de la Constitución y a la Ley 701 del Estado de Guerrero, leyes que limitan su actuación a la defensa de las comunidades, el territorio y los recursos naturales.
Comunidades participantes y respaldo solicitado
Las comunidades que participaron en la asamblea son: Alcozacán, Zacapezco, Rincón de Chautla, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Acahuehuetlan, Tula, Xicotlan, Ayahualtempa, Amatitlan, Los Pinos y Tierra Blanca. Los integrantes de la CRAC-PF y del CIPOG-EZ solicitaron el respaldo de organizaciones de derechos humanos, del Congreso Nacional Indígena (CNI), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Alcozacán se hizo conocido porque hace unos años las autoridades comunitarias de ese pueblo presentaron a un grupo de menores de edad armados con rifles que fueron integrados a la policía comunitaria para defender a sus familias y a sus pueblos ante el ataque de los grupos delictivos, lo que provocó un escándalo a nivel internacional. Las autoridades comunitarias denunciaron además un presunto contubernio de Los Ardillos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, y exigieron el reconocimiento oficial de su policía comunitaria como mecanismo de autodefensa legalmente respaldado.
