Embarazo de niña de 11 años en Coahuila expone graves fallas en sistemas de protección y salud
El caso de una adolescente de 11 años originaria de Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, quien fue diagnosticada con siete meses de embarazo tras ser violada por la pareja de su madre, ha puesto al descubierto graves deficiencias en los sistemas de protección infantil y atención médica en el estado.
Detalles del caso y atención médica
La menor fue llevada a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a un fuerte dolor abdominal. Durante la evaluación, el personal médico confirmó que la niña estaba embarazada y había sido víctima de violación por parte de César Alberto "N", quien se encargaba de cuidarla mientras su madre trabajaba. El sujeto fue detenido de inmediato por las autoridades correspondientes.
Teresa Meza, representante de la Red Aborto Seguro Saltillo, señaló que este caso refleja una realidad alarmante del abuso sexual que enfrentan niñas y adolescentes en zonas de pobreza en Coahuila. Además, destacó que persisten prejuicios entre el personal médico, quienes utilizan la objeción de conciencia para evitar practicar abortos, incluso cuando están legalmente permitidos.
Fallas en la aplicación de la normativa
Meza enfatizó que, una vez conocido el caso, debió aplicarse de inmediato la Norma Oficial Mexicana NOM-046, que establece que las menores de edad pueden interrumpir un embarazo cuando es resultado de una violación. "La falla en los sistemas de detección y protección para que el embarazo se identificara a tiempo es la objeción de conciencia", afirmó la activista.
Según Meza, el riesgo para la salud de la niña se triplica debido a su edad, y la normativa existe precisamente para garantizar una atención pronta en estos casos. Sin embargo, en Coahuila, el personal médico no cuenta con la capacitación adecuada para atender a menores embarazadas, y prevalece la objeción de conciencia, lo que impide la aplicación correcta de la NOM-046.
Respuesta de las autoridades
El caso está siendo atendido por la Procuraduría de los Niños, las Niñas y las Familias (PRONNIF), mientras que la Fiscalía de las Mujeres ha iniciado el proceso penal contra el responsable de la violación. La PRONNIF ha asegurado que se está brindando apoyo a la menor conforme a la normativa vigente, garantizando su acceso a los servicios necesarios.
La titular de la Fiscalía de las Mujeres, Katy Salinas, no ha proporcionado información adicional sobre el caso. Por su parte, la activista Teresa Meza recordó que, en años anteriores, su colectiva recibió apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para ayudar con amparos a personas a quienes se les negó la interrupción del embarazo.
Problemas estructurales en la atención médica
Meza explicó que, en muchos casos, el personal médico muestra una deshumanización y revictimización hacia las mujeres que buscan acceder al aborto de forma voluntaria. "Me han llegado casos de mujeres que vienen de clínicas particulares y les dan dosis incompletas para generar procesos incompletos, derivándolas a un legrado, una práctica que ya no se utiliza", detalló.
En la actualidad, los métodos recomendados para la interrupción del embarazo incluyen la aspiración manual endouterina (AMEU) o el uso de medicamentos, especialmente durante el segundo trimestre. Sin embargo, la falta de capacitación y los prejuicios persisten, obstaculizando el acceso a estos procedimientos.
Este caso no solo evidencia la vulnerabilidad de las niñas en comunidades marginadas de Coahuila, sino que también subraya la urgente necesidad de mejorar los sistemas de protección infantil y la capacitación del personal médico para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y el respeto a los derechos de las víctimas.
