Feminicidas enfrentarán persecución perpetua: iniciativa propone delito imprescriptible
En un movimiento histórico para combatir la violencia de género en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer una ley general contra el feminicidio. Esta propuesta, que representa el primer paso jurídico hacia una legislación unificada, tiene como objetivo principal que el delito de feminicidio no prescriba nunca, eliminando así cualquier posibilidad de que los culpables evadan la justicia con el paso del tiempo.
Protección reforzada para menores en situación de orfandad
La iniciativa pone un énfasis especial en la protección de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad debido a un feminicidio. Según el documento, esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas profundas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello, el Estado asume un deber reforzado de protección, que incluye garantizar atención integral, acceso a servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, educación y mecanismos de reparación integral del daño.
La Mesa Directiva del Senado ha turnado la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con planes de presentarla al pleno en la sesión del próximo 7 de abril. La propuesta consiste en agregar el concepto "feminicidio" al artículo 73, numeral XXI, inciso a, de la Constitución, facultando así al Congreso de la Unión para crear leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en esta materia.
Homologación nacional para combatir la impunidad
Claudia Sheinbaum argumenta en la iniciativa que resulta "indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país". Actualmente, el delito se tipifica de manera diversa en las legislaciones penales de los 32 estados, lo que genera diferencias significativas en elementos del tipo penal, criterios para acreditar razones de género y sanciones no homologadas.
Esta diversidad legislativa, según la mandataria, debilita la eficacia del sistema de justicia penal y propicia escenarios de impunidad, ya que hechos de naturaleza similar pueden ser investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurran. Los lineamientos de la legislación general incluyen:
- Establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes en todo el territorio nacional.
- Homologar estándares de investigación con perspectiva de género para garantizar procesos justos y sensibles.
- Fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en la lucha contra este flagelo.
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación integral de daños.
- Reforzar la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
Además, la iniciativa propone que el feminicidio no tenga atenuantes ni beneficios de ley para los culpables, asegurando que la persecución penal sea rigurosa y sin concesiones. Este enfoque busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y fortalecer el marco legal para proteger los derechos humanos en México.
