La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha integrado la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta operativa fundamental para rastrear estructuras criminales, detectar operaciones fraudulentas y procesar grandes volúmenes de información. Esta tecnología permite fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos cibernéticos y de alto impacto, optimizando los tiempos de revisión y facilitando la identificación de vínculos entre casos que, de manera aislada, podrían no mostrar conexiones evidentes.
Deshaciendo la red de falsas inversiones
Uno de los casos emblemáticos presentados por la dependencia involucró la identificación de una red financiera dedicada a captar recursos mediante esquemas de inversión inexistentes. La investigación logró vincular a 12 personas físicas y una persona moral con esta estructura delictiva. Como resultado operativo directo, se procedió al congelamiento de más de 2 millones de dólares asociados a estas actividades ilícitas.
El modus operandi de la red incluía el uso de imágenes y videos manipulados mediante IA, en los que aparecían la Presidenta de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la gobernadora del Banco de México. Este material deepfake se utilizaba para otorgar una apariencia de legitimidad a un portal informativo falso, desde donde se promocionaban oportunidades de inversión que no existían.
La operación contó con la colaboración directa de las policías cibernéticas a nivel nacional y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Gracias a este apoyo interinstitucional, fue posible trazar la ruta de los recursos enviados hacia distintas naciones y establecer con precisión quiénes formaban parte del entramado financiero.
Estructura operativa y atribuciones legales
Patricia Chávez Obregón, directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, detalló estos avances durante el 8.º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, celebrado en el Auditorio Alfredo Harp Helú de la Universidad La Salle. En representación de Jesús Lozada, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, explicó que la investigación requirió la participación coordinada de las 54 Unidades de Policía Cibernética existentes en el país.
Chávez Obregón precisó que la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial posee atribuciones específicas en materia de investigación desde junio de 2025. Esta unidad está conformada por siete áreas especializadas que concentran sus esfuerzos en delitos de alto impacto, secuestro, extorsión, actividades criminales transnacionales y ciberdelincuencia, conductas que demandan análisis técnico especializado.
El proceso de vigilancia mantiene un monitoreo permanente en redes sociales y fuentes abiertas. A partir de este seguimiento continuo, se detectan posibles incidentes cibernéticos y se construyen líneas de investigación preliminares. Cuando la evidencia acumulada permite acreditar la probable comisión de un delito, los expedientes son denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las carpetas de investigación correspondientes.
Aplicación tecnológica y prevención
En la conferencia titulada “IA y seguridad ciudadana”, la funcionaria señaló que la tecnología también se emplea para identificar patrones y generar proyecciones que apoyan las decisiones operativas. Sin embargo, aclaró que la aplicación de la IA permanece bajo supervisión humana constante y no sustituye las funciones ni el criterio de los policías e investigadores.
Como otro ejemplo de implementación tecnológica, se mencionó el Plan Kukulkán, instrumentado durante la justa mundialista. Las entidades sede incorporaron sistemas basados en IA para facilitar la identificación de rostros, vehículos y objetos de interés para las tareas de seguridad pública.
Mientras avanza el marco regulatorio jurídico sobre el desarrollo y uso de estas tecnologías, la SSPC mantiene una estrategia preventiva basada en la difusión de alertas sobre amenazas detectadas en internet. Estos avisos se publican a través de los canales oficiales de la dependencia y se envían directamente a las entidades federativas. El objetivo es advertir a la población sobre nuevas modalidades de fraude digital, reducir riesgos y evitar que más ciudadanos entreguen datos personales o dinero a estructuras delictivas que operan en línea.
