Armando Zúñiga Salinas, vicepresidente Nacional de COPARMEX, presidente de ASUME y Grupo IPS, consejero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de CONCAMIN, ha planteado una reflexión fundamental sobre la economía mexicana. En su análisis publicado el 10 de agosto de 2026, sostiene que la distribución más sostenible de la riqueza no debe centrarse únicamente en impuestos y transferencias, sino que debe originarse desde el momento mismo de su generación a través de un tejido empresarial robusto.
Más allá de los impuestos: la distribución inicial
Tradicionalmente, el debate sobre la desigualdad se concentra en los instrumentos fiscales y el gasto público como mecanismos para financiar al Estado y atender a poblaciones vulnerables. Sin embargo, Zúñiga Salinas señala que existe una etapa previa y crucial: la distribución que ocurre cuando se crea valor económico. Cada empresa que produce bienes o servicios realiza una asignación directa de ese valor entre trabajadores, inversionistas, proveedores y otros actores de la cadena.
Este proceso implica el pago de salarios, la compra de insumos, la contratación de servicios, la inversión en capital y la capacitación del personal. Asimismo, genera recursos públicos mediante el cumplimiento de obligaciones fiscales. La estructura de esta actividad económica influye directamente en cómo se reparten los ingresos dentro de la sociedad, estableciendo las bases de la movilidad social antes de que intervengan las políticas redistributivas gubernamentales.
La perspectiva temporal del crecimiento económico
El autor insta a visualizar la economía como un proceso dinámico y no como una fotografía estática. Si bien es posible medir cambios inmediatos en el ingreso familiar tras recibir transferencias, resulta igualmente vital evaluar el impacto a cinco, diez o veinte años. Las métricas relevantes incluyen la cantidad de personas que acceden a empleos formales, el incremento sostenido de sus ingresos, la capacidad de las empresas para invertir y elevar su productividad, así como el surgimiento de nuevos proveedores y regiones que desarrollan capacidades propias.
Las decisiones económicas actuales modifican las oportunidades futuras. Una empresa que reinvierte puede expandir su capacidad y contratar más personal; un trabajador que adquiere nuevas competencias mejora su empleabilidad; y un proveedor que adopta tecnología puede acceder a mercados más amplios. Las regiones que acumulan infraestructura, talento especializado y empresas integradas se vuelven polos atractivos para nueva inversión, creando un ciclo virtuoso de desarrollo.
El papel de las PyMEs y la responsabilidad social empresarial
Para lograr una distribución más equitativa, es indispensable ampliar la base de quienes generan riqueza. Esto requiere fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), especialmente aquellas innovadoras, especializadas y vinculadas a cadenas de mayor valor agregado. Estas entidades no solo contribuyen al PIB, sino que cumplen una función social al impulsar el desarrollo interno mediante capacitación continua, facilidades educativas para sus empleados y programas que beneficien a sus familias.
El capital también juega un rol indispensable, ya que toda inversión exige un rendimiento que compense el riesgo asumido. Cuando este ciclo funciona correctamente, tanto el capital como el trabajo aumentan conjuntamente la capacidad de generar valor. Este fenómeno tiene una expresión territorial clara: mientras algunas regiones han consolidado ecosistemas industriales y tecnológicos, el reto nacional consiste en replicar estas condiciones en otras zonas, respetando sus ventajas comparativas específicas.
Hacia una política de inclusión económica integral
Las políticas públicas alcanzan su máxima efectividad cuando, además de resolver necesidades inmediatas, fomentan la autonomía y el progreso sostenido de las personas. Zúñiga Salinas advierte que la discusión fiscal debe considerar los efectos a largo plazo sobre el ahorro, la inversión y la formalización laboral. Una auténtica estrategia de inclusión económica debe priorizar las condiciones que favorecen la inversión, el emprendimiento y la productividad.
México necesita crecer, pero la calidad de ese crecimiento determina cuántos participan en él. Una economía con más empresas productivas, trabajadores capacitados y regiones competitivas permite que los ingresos y oportunidades se distribuyan ampliamente desde la propia generación de riqueza. El objetivo final es construir un bienestar nacional sobre una base amplia donde más personas tengan la capacidad de trabajar, emprender e innovar.
