Un tribunal federal en Nuevo México, Estados Unidos, emitió una orden judicial que obliga a Meta Platforms Inc. a desembolsar 567 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Esta cifra se suma a los 375 millones de dólares ya condenados en marzo del mismo año, consolidando una responsabilidad financiera significativa para la corporación tecnológica tras determinar que sus plataformas expusieron a niños y adolescentes a riesgos significativos.
Origen de la demanda y hallazgos del jurado
El litigio tiene su origen en una demanda interpuesta en 2023 por el entonces fiscal general de Nuevo México. El proceso legal concluyó con un veredicto del jurado que estableció que Meta violó la Ley de Prácticas Desleales del estado al engañar a los consumidores respecto a la seguridad de sus productos dirigidos a menores. Según las alegaciones presentadas durante el juicio, la compañía ocultó hallazgos internos sobre los peligros que enfrentaban los jóvenes en sus ecosistemas digitales.
Durante los argumentos finales, la fiscal Linda Singer detalló ante el jurado cómo los algoritmos de la plataforma facilitaban el acceso de adultos a contenido publicado por usuarios adolescentes. La acusación sostuvo que estas dinámicas exponían a los menores a depredadores sexuales y otros tipos de abuso, constituyendo una "molestia pública" según lo definido por la legislación estatal.
Medidas correctivas y limitaciones de tiempo
Además de la sanción económica, el juez incluyó en su fallo una serie de medidas correctivas inéditas que entrarán en vigor inmediatamente y tendrán una vigencia de cinco años. Estas disposiciones afectan específicamente a las cuentas de menores de edad ubicadas en Nuevo México. Una de las restricciones más estrictas establece un límite máximo de 90 horas mensuales de uso acumulado combinado entre Facebook e Instagram para usuarios menores de 18 años.
Estas regulaciones operativas buscan mitigar el impacto negativo que el uso excesivo y no supervisado de las redes sociales ha tenido en la población juvenil de la región. La implementación de estos controles técnicos representa un cambio estructural en la operación de las cuentas dentro de la demarcación jurídica afectada.
Reacción de Meta y destino de los fondos
En respuesta inmediata a la sentencia, Meta confirmó su intención de impugnar la decisión. En un comunicado enviado a la agencia AFP, la empresa declaró: "Estamos en desacuerdo con el fallo y vamos a apelar". La corporación añadió que trabaja constantemente para mantener la seguridad de los usuarios en sus plataformas y afirmó haber sido transparente sobre las dificultades inherentes a la identificación y eliminación de actores malintencionados y contenido dañino.
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien lideró la acción legal, enfatizó el propósito fundamental del caso. En un comunicado difundido tras la resolución, Torrez señaló: "Este caso siempre ha tratado de proteger a los niños, defender a las familias y asegurar que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueda lucrar con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes sin enfrentar consecuencias".
La distribución de los 567 millones de dólares adjudicados por el juez tendrá plazos específicos. El pago total se efectuará en un periodo de cinco años. Parte considerable de estos recursos será destinada exclusivamente a tratamientos de salud mental para las víctimas afectadas. Asimismo, los fondos financiarán programas de concienciación y prevención diseñados para resguardar a los usuarios contra los riesgos inherentes al entorno en línea, marcando un precedente en la asignación de indemnizaciones para apoyo psicosocial y educativo.
