La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, solicitó públicamente a los partidos políticos que, rumbo a las elecciones de 2027, no postulen a personas involucradas con el crimen organizado. La declaración, aunque parece una obviedad, revela la existencia de un riesgo concreto de infiltración criminal en el proceso electoral. Taddei subrayó que la responsabilidad inicial recae en los partidos, quienes seleccionan, registran y respaldan a sus candidatos, y que el INE no determinará por sí mismo los niveles de riesgo de los aspirantes.
El tamaño del desafío electoral
La propia presidenta del INE estimó que, considerando los distintos cargos federales, estatales y municipales involucrados en el proceso de 2027, podrían realizarse entre 750 mil y 800 mil consultas relacionadas con aspirantes y candidaturas. Esta cifra refleja la magnitud del reto que enfrenta el sistema electoral mexicano para garantizar que el crimen organizado no participe, directa o indirectamente, en la selección de candidatos.
Sin embargo, el problema no se limita a la posible postulación de narcotraficantes conocidos. La infiltración puede ser mucho más sofisticada, manifestándose a través de empresarios que financian campañas, operadores políticos vinculados a organizaciones criminales, candidatos aparentemente limpios respaldados por grupos delictivos, o aspirantes que llegan al poder sin antecedentes judiciales pero adquieren compromisos con quienes facilitaron su triunfo.
La captura de la democracia
Existe además una modalidad más peligrosa: cuando el crimen organizado no necesita infiltrar un partido porque simplemente impone condiciones en determinados territorios. Puede amenazar candidatos, obligarlos a retirarse, financiar campañas, movilizar votantes, impedir que ciertos partidos hagan campaña, intimidar funcionarios y, en casos extremos, decidir quién compite y quién no. Cuando esto sucede, ya no se trata solo de inseguridad pública, sino de la captura de la democracia.
Por ello, reducir el problema a pedir buena conducta a los partidos resulta insuficiente. Es necesario que existan consecuencias políticas y jurídicas mayores para aquellas organizaciones que, teniendo información suficiente sobre los vínculos criminales de un aspirante, decidan postularlo. También se requieren mecanismos institucionales capaces de cruzar información entre fiscalías, autoridades financieras, instituciones de seguridad e inteligencia y autoridades electorales, ya que ninguna, por sí sola, posee toda la información.
El dilema de los mecanismos de control
El gobierno federal planteó este año la posibilidad de establecer un mecanismo para que los partidos puedan consultar información de seguridad antes de definir candidaturas. Aunque la intención parece correcta, abre un problema delicado: ¿quién determina que alguien está vinculado con el crimen organizado? Una democracia no puede permitir que una dependencia del gobierno utilice información de inteligencia para eliminar adversarios políticos. Si desde el gobierno se señalara que un candidato opositor representa un riesgo, con información reservada que el ciudadano no puede conocer ni controvertir, se podría presionar para impedir su candidatura, lo que sería igualmente peligroso.
Por eso, cualquier mecanismo contra los llamados “narcocandidatos” necesita controles, transparencia, derecho de defensa y reglas perfectamente definidas. No se pueden permitir candidatos del crimen organizado, pero tampoco se puede crear una herramienta que permita al gobierno decidir discrecionalmente quién puede ser candidato. Este es el dilema que se enfrenta con poco margen para resolverlo antes de 2027.
La necesidad de seguir el dinero
El problema no distingue colores partidistas. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, PT y cualquier nuevo partido que participe en las próximas elecciones deben someter a sus aspirantes a filtros mucho más rigurosos. No basta una carta de antecedentes no penales, una declaración patrimonial o preguntarles si conocen delincuentes. Hay que seguir el dinero: ¿quién financia una campaña?, ¿quién presta vehículos?, ¿quién paga espectaculares?, ¿quién proporciona estructuras territoriales?, ¿quién moviliza personas?, ¿quién financió anteriormente al candidato?, ¿de dónde proviene su patrimonio?, ¿quiénes son sus socios? Ahí probablemente se encontrará mucha más información que revisando solo expedientes judiciales.
El gran riesgo de 2027 no necesariamente será que aparezca en una boleta un conocido narcotraficante, sino que aparezca el candidato de un narcotraficante, lo cual es mucho más difícil de detectar. México ha invertido décadas en construir instituciones para evitar que un gobierno controle las elecciones; ahora debe enfrentar una amenaza distinta: evitar que poderes criminales controlen gobiernos surgidos de esas elecciones.
Guadalupe Taddei tiene razón al señalar que los partidos tienen una responsabilidad fundamental, pero no puede ser únicamente responsabilidad de ellos. El Estado mexicano debe construir un sistema que permita detectar vínculos criminales sin convertir ese mecanismo en un instrumento de persecución política. Los partidos deben investigar a quienes postulan, las autoridades deben compartir información bajo reglas claras, el INE debe garantizar la legalidad electoral, las fiscalías deben investigar delitos y los ciudadanos deben exigir explicaciones sobre quién financia a quienes quieren gobernarlos. En 2027 no solo estará en juego quién gana una gubernatura, una alcaldía o una diputación, sino algo mucho más importante: determinar si los candidatos los siguen escogiendo los partidos y los ciudadanos, o si en algunas regiones de México ya comenzaron a escogerlos los criminales. Esa discusión debe tenerse antes de las elecciones, no cuando el próximo alcalde, diputado o gobernador ya esté sentado en el poder.
