La transformación política reciente en América Latina no responde a un cambio ideológico repentino, sino a un profundo agotamiento ciudadano ante la inseguridad, el estancamiento económico y la percepción de ineficacia gubernamental. Colombia acaba de consolidar esta tendencia con la asunción de Abelardo De La Espriella como presidente, sumándose a una secuencia de victorias conservadoras o derechistas en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá. Sin embargo, analistas advierten que interpretar este viraje como un cheque en blanco para la derecha o como una oportunidad para que Estados Unidos imponga una zona de obediencia política constituye un error estratégico grave.
El pragmatismo del elector latinoamericano
Abelardo De La Espriella llegó a la presidencia prometiendo medidas drásticas contra el crimen, una reducción significativa del aparato estatal, la reactivación de los sectores petrolero y gasífero, así como austeridad fiscal. Asimismo, su administración se distancia de las negociaciones con grupos armados que caracterizaron la política de "paz total" impulsada por su predecesor, Gustavo Petro. Este cambio marca una ruptura evidente con el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia y refleja un fenómeno continental más amplio: ciudadanos hartos de la violencia, el bajo crecimiento y la corrupción buscan respuestas alternativas.
No obstante, esto no implica necesariamente que la población haya abrazado la doctrina de la derecha. Lo que ocurre es que el electorado ha castigado a quienes gobernaban durante los últimos ciclos. América Latina posee suficiente experiencia histórica para entender que una elección no representa una conversión ideológica permanente. Hace años, la región experimentó lo que se denominó una "marea rosa", con gobiernos progresistas en México, Colombia, Chile y Brasil. Hoy, se anuncia una ola conservadora, pero ambas narrativas simplifican la realidad al ignorar al actor principal: un votante cada vez más pragmático e impaciente, cuyo objetivo prioritario es obtener seguridad, empleo, crecimiento y servicios públicos funcionales.
El péndulo político regional no gira únicamente por doctrina, sino por frustración. Cuando una izquierda promete justicia social pero falla en controlar la violencia o generar prosperidad, pierde apoyo. Del mismo modo, cuando una derecha promete orden y eficiencia sin cumplir, enfrentará el mismo destino. Los ciudadanos prestan el poder temporalmente; no lo ceden permanentemente.
Lecciones desde la experiencia colombiana
El caso colombiano ilustra claramente esta dinámica. Gustavo Petro llegó al poder representando una ruptura histórica con reformas estructurales y una ambiciosa política de negociación con grupos armados. Cuatro años después, el deterioro de la seguridad, las dificultades fiscales y el desencanto generalizado llevaron a muchos colombianos a buscar lo contrario: autoridad estatal, reducción del gobierno y confrontación severa con las organizaciones criminales.
Es irresponsable negar la legitimidad de esta demanda. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que el Estado controle su territorio para que puedan trabajar, viajar y emprender sin temor a extorsiones o secuestros. La seguridad no es una obsesión autoritaria, sino una obligación básica de cualquier gobierno. Sin embargo, existe el peligro de confundir la exigencia de orden con la autorización para actuar sin límites. La derecha cometerá el mismo error que parte de la izquierda si interpreta sus triunfos electorales como permiso para gobernar sin contrapesos.
Una sociedad que reclama seguridad no desea necesariamente abusos; quien pide menos burocracia no solicita la desaparición del Estado; quien rechaza la impunidad no renuncia a jueces independientes; y quien demanda crecimiento económico no entrega sus derechos al mercado libre. El desafío central será lograr orden sin autoritarismo, crecimiento sin exclusión y eficacia institucional sin destruir los mecanismos de control democrático.
Implicaciones internacionales y soberanía
Abelardo De La Espriella enfrenta esta prueba desde el inicio de su mandato. Terminar negociaciones infructuosas y utilizar la fuerza del Estado contra el crimen son acciones legítimas, pero ninguna estrategia será efectiva si se limita a gestos simbólicos, despliegues militares o declaraciones retóricas. Colombia necesita inteligencia, justicia, investigación financiera, desarrollo rural y policías capaces de mantener presencia permanente en el territorio, no solo operativos puntuales. La mano dura puede recuperar una calle, pero construir un Estado requiere mucho más.
Esta reflexión se extiende a toda la región. En Argentina, Javier Milei asumió tras el agotamiento por inflación y descrédito del peronismo. Chile giró hacia opciones conservadoras preocupado por seguridad y migración. Ecuador endureció su respuesta ante el crimen organizado. Bolivia rompió la hegemonía del Movimiento al Socialismo, y Perú cambió de orientación nuevamente tras años de inestabilidad. Sin embargo, este mapa no indica el nacimiento de una derecha homogénea; cada sociedad votó por motivos distintos, ya sea inflación, inseguridad o estancamiento.
En este contexto, la figura de Donald Trump y la política exterior estadounidense cobran relevancia. Washington ve en el desplazamiento político latinoamericano una oportunidad para recuperar influencia y contener la presencia de China, reivindicando una visión renovada de la Doctrina Monroe. Colombia ofrece un primer ejemplo mediante la promesa de recursos estadounidenses para seguridad y una nueva cercanía política. Cooperar con Estados Unidos es indispensable para la región, especialmente para México, en temas de combate al crimen organizado y comercio.
No obstante, el riesgo surge cuando la cooperación se convierte en alineamiento condicional. Trump ha demostrado manejar las relaciones internacionales en términos transaccionales, premiando la coincidencia y amenazando la disidencia mediante aranceles o sanciones. Brasil experimentó recientemente esta lógica. Si bien existe afinidad ideológica entre algunos nuevos gobiernos conservadores y Washington, sería peligroso permitir que estas afinidades reconstruyan una relación de tutores y subordinados.
La historia regional obliga a la cautela. La Doctrina Monroe, originalmente una advertencia frente a potencias europeas, fue utilizada durante décadas para justificar intervenciones y golpes de estado respaldados por Washington. Las memorias de intervenciones militares y presiones económicas son demasiado profundas para considerar inocentes los intentos de resucitar esa concepción. América Latina debe relacionarse estrechamente con Estados Unidos, pero también comerciar con China, Europa y otros socios, evitando elegir un "dueño" único.
Este principio aplica tanto a la izquierda como a la derecha. Durante años, algunos sectores progresistas justificaron una cercanía excesiva con Cuba, Venezuela o Rusia bajo el argumento de autonomía. Ahora existe el riesgo inverso: gobiernos conservadores que se alineen automáticamente con Washington por compartir adversarios ideológicos. Ambas conductas reducen la soberanía nacional. La izquierda no debe entregar la región a Pekín o Caracas, y la derecha no debe entregársela a Trump.
Colombia servirá como prueba importante. De La Espriella puede aprovechar la cooperación estadounidense para fortalecer capacidades de seguridad sin permitir que Washington determine su política exterior. Si logra resultados dentro del marco democrático, fortalecerá el giro actual. Si fracasa, preparará el siguiente movimiento del péndulo. Lo mismo ocurrirá en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. La derecha recibió una oportunidad, no una coronación, y será evaluada por resultados tangibles en seguridad, empleo y bienestar, no por su discurso duro o su proximidad con líderes extranjeros.
Los gobiernos deben recordar que ningún presidente estadounidense vota en las elecciones latinoamericanas. Quienes deciden son los ciudadanos de cada país, quienes ya han demostrado capacidad para cambiar de opinión. América Latina necesita abandonar la obsesión por las mareas ideológicas y comenzar a medir a sus mandatarios por resultados concretos. Cuando la izquierda gobierne bien, tendrá derecho a permanecer; cuando fracase, deberá perder. La misma regla debe aplicarse a la derecha. El continente no se volvió de derecha de la noche a la mañana; simplemente se cansó de no recibir resultados. La alternancia democrática exige que nadie considere al Estado patrimonio permanente de un proyecto político, asegurando que los cambios de rumbo no signifiquen pérdida de soberanía ni intervención externa.
