El incremento sostenido de la violencia relacionada con el crimen organizado se ha consolidado como el factor determinante en los procesos electorales recientes de América Latina. Esta dinámica ha facilitado el ascenso de candidatos de derecha y extrema derecha en naciones como Chile, Perú, Colombia y Brasil, quienes han priorizado plataformas políticas basadas en medidas de "mano dura" contra la delincuencia. Sin embargo, la experiencia reciente en Ecuador evidencia que estas estrategias no siempre generan los resultados de seguridad prometidos por los gobiernos.
Prioridad en la ley y el orden
Los políticos de derecha en la región han colocado la defensa de la ley y el orden como el eje central de sus campañas. Según un análisis titulado Polarización, populismo, pragmatismo: el panorama de partidos de Latinoamérica cambia a la derecha, publicado por la Fundación Konrad Adenauer, los candidatos ganadores han prometido combatir frontalmente el crimen, la corrupción y el caos social. Figuras como José Antonio Kast en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia llegaron al poder bajo esta premisa, aprovechando la frustración ciudadana ante las altas tasas de incidencia de delitos como la extorsión y el homicidio.
En Brasil, donde se celebrarán elecciones en octubre, la inseguridad también es una preocupación crítica para la ciudadanía. Existe la posibilidad de que los votantes castiguen al presidente Luiz Inácio Lula da Silva si considera que su administración no ha logrado reducir eficazmente la violencia. Aunque los modelos de derecha varían desde la centroderecha boliviana hasta el ultraliberalismo argentino representado por Javier Milei, la política de seguridad permanece como un elemento fundamental en todas estas plataformas gubernamentales.
El impacto de la violencia en el voto
Ecuador sirve como un ejemplo paradigmático de cómo la delincuencia puede alterar el mapa político. Durante décadas, este país mantuvo cierta distancia de la inseguridad que afectaba a su vecino Colombia, pero su transformación en un punto estratégico para los cárteles del narcotráfico provocó un aumento exponencial de la violencia. En este contexto, Daniel Noboa ganó las elecciones de 2025 implementando políticas agresivas, incluyendo la declaración de un conflicto armado interno contra 22 organizaciones criminales.
Glaeldys González, analista senior para los Andes Sur del International Crisis Group, señaló en entrevista con Expansión que la seguridad ha sido una parte central de las campañas electorales regionales. González explicó que estos temas han actuado como una catapulta para candidaturas con propuestas de mano dura, permitiendo su ascenso al poder. Además, muchos votantes castigan a los gobiernos actuales, percibiéndolos como incapaces de frenar el delito. Ante la frustración, discursos que prometen aumentar las penas, construir megacárceles, decretar estados de excepción o mantener presencia militar resuenan fuertemente porque ofrecen una solución rápida y aparentemente mágica a problemas complejos.
El modelo Bukele y sus límites
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es frecuentemente citado como el referente para la extrema derecha regional. Su estrategia ha reducido la tasa de homicidios a mínimos históricos, aunque ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por afectaciones a libertades democráticas y negociaciones con pandillas. A pesar de estas críticas, Bukele conserva una aprobación del 85.5% según una encuesta de junio publicada por el diario La Prensa Gráfica. La Fundación Konrad Adenauer destaca que, para muchos seguidores, los resultados en seguridad pública importan por encima de todo, incluso a expensas de las libertades individuales.
No obstante, la exportación de este modelo ha mostrado limitaciones claras. En Ecuador, a pesar de que el presidente Noboa aplica estados de excepción desde hace más de un año, el país sigue registrando la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. Un análisis de InSight Crime indica que la tasa alcanzó los 50.9 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, lo que representa un aumento del 31.2% respecto a 2024. El Balance de Homicidios 2025 de esta organización señala que la ofensiva militarizada de Noboa, centrada en capturar líderes y detener miembros de bajo rango, ha generado disputas territoriales entre grupos rivales como los Choneros y los Lobos, incrementando la violencia en lugar de reducirla.
Influencia de Estados Unidos y nuevas doctrinas
Este giro político hacia la derecha coincide con cambios significativos en la política de seguridad de Estados Unidos. En marzo pasado, durante una cumbre en Doral, Florida, el presidente Donald Trump lanzó el "Escudo de las Américas" junto a países aliados para enfrentar el crimen organizado, el narcoterrorismo y la inmigración ilegal. Como parte de esta estrategia, Washington inició en septiembre una campaña sin precedentes de ataques contra embarcaciones identificadas como narcoterroristas por el Southcom, comenzando en el Caribe frente a Venezuela y expandiéndose al Pacífico.
Según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta ofensiva ha causado al menos 221 muertos mediante más de 50 ataques. Juristas internacionales y defensores de derechos humanos han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales. Previamente, en febrero de 2025, la administración Trump designó a varios grupos criminales latinoamericanos como terroristas. La región, conocida oficialmente como el Hemisferio Occidental, se ha convertido en la prioridad de Washington bajo la nueva "Doctrina Donroe", una referencia a la antigua Doctrina Monroe que justifica la intervención estadounidense en la zona.
La convergencia entre la demanda interna de seguridad por parte de los electores latinoamericanos y el respaldo externo de una política estadounidense más agresiva está redefiniendo el equilibrio de poder en la región. Los gobiernos que adopten enfoques de mano dura continuarán recibiendo apoyo electoral, mientras que la eficacia real de estas medidas frente a estructuras criminales adaptables seguirá siendo objeto de debate y monitoreo por parte de organismos internacionales.
