El gobierno federal mexicano enfrenta un obstáculo crítico para desarrollar la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica: diseñar un esquema contractual que resulte financieramente atractivo para las grandes empresas del sector energético. Especialistas coinciden en que firmas internacionales como Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton y Chevron participarían en estos proyectos únicamente si México garantiza condiciones que aseguren la rentabilidad de las inversiones requeridas.
Potencial geológico y restricciones ambientales
México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume, una dependencia que proviene mayoritariamente de Estados Unidos y de yacimientos explotados con la técnica de fractura hidráulica. Reducir esta vulnerabilidad es uno de los ejes centrales de la estrategia energética actual. El Comité Técnico para el aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural presentó este jueves sus primeros resultados, delineando el potencial productivo del país.
Los estudios técnicos estiman que México cuenta con un recurso prospectivo de hasta 141.5 billones de pies cúbicos de gas distribuidos en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó la explotación en la cuenca de Tampico-Misantla al considerar que su viabilidad se ve comprometida por razones ambientales y sociales. Como consecuencia, el potencial aprovechable se concentra en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, donde se calcula un recurso de 120.8 billones de pies cúbicos.
La experiencia internacional y la necesidad de modelos competitivos
Las compañías mencionadas poseen amplia experiencia operativa en mercados como Estados Unidos y Argentina. No obstante, Rosanety Barrios, especialista en energía, señaló que el éxito del plan nacional depende de trasladar los avances técnicos a contratos efectivos. "Todos los elementos que se pusieron sobre la mesa son técnicos y válidos, y eso es un avance respecto a cosas que se han hecho en el pasado. Ahora hay que aterrizarlo en contratos que efectivamente llamen el interés de los operadores experimentados y con el capital suficiente para querer entrarle a esto", afirmó en entrevista con Expansión.
Barrios advirtió que el desafío radica en los detalles del modelo de negocio. Indicó que los mejores operadores petroleros, aquellos con experiencia específica en fracking y capital disponible, no participarán bajo los actuales modelos de contratos mixtos. Sugirió que el país podría necesitar esquemas similares a las rondas petroleras canceladas por la administración anterior, donde las empresas asumían el riesgo total de exploración y producción a cambio de una mayor participación en los beneficios económicos.
Ineficacia de los contratos mixtos actuales
El principal antecedente del gobierno para incorporar inversión privada son los contratos mixtos contemplados en el Plan Estratégico de Pemex 2026. Según información de la estatal, de los 21 contratos considerados inicialmente, solo nueve han sido firmados y únicamente cuatro registran avances operativos. Bajo este régimen, Pemex mantiene al menos el 40% de participación en cada proyecto, mientras que el inversionista privado financia la totalidad de los costos de capital y operación. Los ingresos se gestionan mediante un fideicomiso que prioriza obligaciones fiscales, recuperación de costos y, finalmente, la distribución de remanentes.
Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, criticó la competitividad de este diseño para proyectos de alta intensidad de capital. Señaló que, en la práctica, el sector privado asume el riesgo operativo y financiero pero recibe una porción limitada del valor generado. "En la práctica, el privado asume riesgo operativo y financiero, pero recibe una porción limitada del valor generado. Sin potencial de ganancia, no hay interés en invertir", explicó. Añadió que estos contratos permiten recuperar entre el 30% y el 40% de los costos, un porcentaje insuficiente para la naturaleza financiera de los yacimientos no convencionales.
Presión social y regulación hídrica
La implementación de la fractura hidráulica también enfrenta resistencia civil significativa debido a su alto consumo de agua y posibles impactos ambientales. La organización Voces Exigen entregó más de 90,000 firmas ciudadanas al Senado, exigiendo que no se destine agua adicional al fracking durante la discusión del dictamen para una nueva Ley General de Aguas; estas firmas fueron recibidas por las senadoras Gloria Sánchez y Raúl Paz de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Asimismo, integrantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) presentaron alrededor de 10,000 firmas solicitando la prohibición total de la técnica.
La presidenta Sheinbaum aseguró que el comité técnico revisó las mejores prácticas internacionales para minimizar riesgos y adaptarlas al contexto mexicano. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno a la estructura contractual final. La definición de un modelo que equilibre la seguridad energética, la atracción de capital extranjero especializado y la aceptación social determinará si México puede materializar su objetivo de reducir la dependencia del gas estadounidense.
