El comisionado del Gobierno de la República, Mauricio Rodríguez Alonso, informó que el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira avanza como una ruta viable para resolver un conflicto relacionado con la planta GPO que tiene más de 12 años de antigüedad. Según explicó el funcionario enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta cuenta actualmente con una dependencia responsable definida, un presupuesto asignado y un calendario estructurado para cada fase de implementación.
Estructura del acuerdo y mecanismos de supervisión
La propuesta surgió tras cinco mesas de diálogo donde la empresa aceptó el planteamiento presentado por las autoridades. El acuerdo contempla una serie de compromisos formales que incluyen una firma pública con el Gobierno de México, el nombramiento de un enlace estatal específico y la instalación de una oficina informativa dedicada a mantener a la población al tanto de los procesos. Además, se establecieron revisiones mensuales públicas para monitorear los avances del proyecto.
Rodríguez Alonso enfatizó que este esquema responde directamente a las inquietudes expresadas por pescadores y prestadores de servicios turísticos en la región. Una de las condiciones centrales es que la extracción y descarga de materiales ya no se realizarán dentro de la bahía, medida diseñada para mitigar el impacto ambiental y social histórico del área.
Medidas de seguridad y restauración ambiental
Además de las garantías operativas, el plan incluye un programa específico para la restauración del manglar y el saneamiento general del ecosistema local. Para garantizar la protección inmediata, se acordó la creación de un comité de vigilancia ambiental y la instalación de un Centro de Atención Inmediata que integrará recursos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja. Esta infraestructura de seguridad se complementará con la implementación de cortinas de aspersión y recorridos de seguridad constantes.
También se prevé la ejecución de obra pública, la provisión de servicios básicos y programas económicos dirigidos específicamente a los pescadores, respetando en todo momento los usos y costumbres indígenas de las comunidades afectadas. El funcionario señaló que estas medidas impactarán directamente a cuatro comunidades de la zona, por lo que su correcta ejecución es prioritaria.
Llamado a la interlocución formal
A pesar de los avances técnicos y estructurales, el comisionado lamentó la existencia de sectores interesados en boicotear el proceso de diálogo para evitar llegar a acuerdos concretos. Ante esta situación, hizo un llamado directo al colectivo "Aquí No" para mantener la interlocución formal con el Gobierno federal. Rodríguez Alonso recordó que la resolución del conflicto es fundamental para el bienestar de las poblaciones involucradas y que la empresa ha aceptado el planteamiento oficial.
Se espera que, tras la socialización del plan con las comunidades indígenas, se logre la resolución definitiva del conflicto. El Gobierno federal se mantiene a la espera de la postura concreta que presente la agrupación la próxima semana, momento en el cual se definirá si se procede con la firma y ejecución total de las medidas descritas.
