Diez servidores públicos del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador en funciones y al senador Enrique Inzunza, han sido imputados por un tribunal en Estados Unidos. Inzunza, antes de ser extraditado, había acusado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de aliarse con la CIA. De los diez acusados, dos se entregaron a la justicia estadounidense, mientras que el paradero del gobernador Rocha es incierto, lo que ha generado especulaciones.
Reacción presidencial
La presidenta Sheinbaum, junto con el partido Morena, ha calificado los cargos como una afrenta a la soberanía nacional, defendiendo a Rocha Moya como un gobernador ejemplar. Sin embargo, esta postura contrasta con su apertura a la inversión extranjera y su cooperación en el T-MEC y el Mundial de Fútbol. La crítica señala que la defensa de Rocha es selectiva y busca proteger a correligionarios, mientras se ignoran otras amenazas a la soberanía.
Contradicciones en el discurso
Sheinbaum ha afirmado que ningún gobierno extranjero arrebatará la transformación al pueblo de México, pero al mismo tiempo negocia acuerdos internacionales y acepta condiciones de la FIFA. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de los acusados basándose en indicios, práctica validada por la Suprema Corte, lo que refleja un uso político de la justicia.
El artículo concluye que la estrategia presidencial busca presentar cualquier acusación contra sus aliados como un ataque a la nación, pero esta narrativa podría desmoronarse cuando los acusados enfrenten a la justicia estadounidense, momento en que el régimen argumentará que no encubrió a nadie y que la soberanía se mantuvo intacta.
