Juzgado federal ordena a Sedena entregar más de 800 folios sobre caso Ayotzinapa
Un juzgado federal ha emitido una resolución crucial que ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar 853 folios de inteligencia militar relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este fallo, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, busca facilitar el acceso irrestricto a la documentación para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad sobre el destino de los normalistas, ante el colapso de la llamada "verdad histórica".
Detalles de la resolución judicial
La sentencia, derivada del juicio de amparo 1350/2023, instruye al Ejército mexicano a entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia 'Centro' (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia. Las organizaciones que representan a los familiares de los jóvenes desaparecidos, incluyendo Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que fue el propio juzgado quien estimó en 853 los folios que la Sedena se ha negado a entregar.
El fallo precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada. Esto se enmarca en el contexto del derrumbe de la "verdad histórica", que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Antecedentes y demandas de las familias
La sentencia se originó a partir de una demanda de amparo presentada en agosto de 2023 por madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes reclamaron la omisión de las autoridades militares en entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014. Esta omisión incumple el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron a la Sedena, particularmente a diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos identificados en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En dicho informe, el GIEI documentó que los folios proporcionados estaban incompletos, evidenciando la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense.
Obstáculos en la investigación
Las organizaciones alertaron que las familias de las víctimas tuvieron que recurrir a la justicia federal tras la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada en el decreto presidencial de diciembre de 2018. Esta comisión dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de investigación. Además, la indagatoria a cargo de la Unidad de Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha alertado en su informe de seguimiento que los avances en el caso se han ralentizado debido a la falta de entrega de información por parte de la Sedena. Subrayó que este litigio pudo haberse evitado con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación.
Implicaciones y derechos reconocidos
La nueva resolución judicial reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y, por ende, la obligación de la Sedena de entregar toda la información relacionada. Un fallo anterior de un Tribunal Colegiado en septiembre de 2023 ya había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
Las organizaciones agregaron que la información que la dependencia está obligada a entregar no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las familias de las víctimas y de la sociedad en general de conocer la verdad en el caso Ayotzinapa. A más de 11 años de la desaparición forzada, el caso sigue sin esclarecerse, lo que ha llevado a los familiares a continuar litigando a nivel nacional e internacional frente a los obstáculos persistentes en la investigación.
Este fallo representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, subrayando la importancia de la transparencia y la colaboración institucional en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
