México implementa protocolo nacional para activar alerta de búsqueda de personas desaparecidas
La grave crisis de desaparición de personas que azota a México, un flagelo que ha persistido sin solución a lo largo de los últimos cuatro sexenios, exige la participación activa de toda la sociedad mexicana para erradicar este dolor que afecta a cientos de miles de familias en todo el territorio nacional. En este contexto, cobra especial relevancia la publicación del “Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles 18 de febrero, bajo la dirección de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo.
Una herramienta coordinada para la búsqueda inmediata
Este protocolo, definido en la publicación oficial como “una herramienta nacional de búsqueda que acciona un cúmulo de actos coordinados entre las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, del sector privado y social”, tiene como objetivo principal establecer los elementos para activar la Alerta Nacional de Búsqueda. Su finalidad es garantizar que la búsqueda inmediata a nivel nacional sea efectiva, enfocándose en la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
Uno de los aspectos más destacados es que el protocolo ordena la publicación de una desaparición en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) tan pronto como se presente un reporte, sin requerir una denuncia formal o una carpeta de investigación. Esto marca un cambio significativo, ya que anteriormente se había sugerido que solo se incluirían registros con denuncia ante las fiscalías, una postura que había generado preocupación entre las familias y colectivos organizados.
Coordinación obligatoria y participación multisectorial
El manual establece de manera clara y precisa cómo se activará esta Alerta Nacional de Búsqueda, definiendo las competencias de cada dependencia o agencia encargada. En primer lugar, se asignan obligaciones a las fiscalías de búsqueda, tanto a nivel nacional como estatal, así como a las comisiones de búsqueda. El protocolo obliga al sector público a “establecer los parámetros de articulación entre todas las entidades federativas y las autoridades que participan en la activación y operación de la Alerta Nacional de Búsqueda”, asegurando la coordinación en la búsqueda, localización e identificación.
Resulta triste e indignante que un asunto de sentido común, como la coordinación entre dependencias, deba ser reiterado en este momento, cuando ya era una obligación desde la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición en noviembre de 2017. Esta exigencia ha sido una demanda constante de las familias que buscan a sus desaparecidos, quienes han clamado por una acción más eficiente y unificada.
Involucramiento del sector privado y social
Un aspecto crucial de este protocolo, que podría representar un parteaguas en la búsqueda de desaparecidos, es la inclusión de competencias para el sector privado y social. Por ejemplo, se indica que empresas de telecomunicaciones, televisoras y radiodifusoras deben difundir las fichas de búsqueda “en los medios físicos y digitales, así como en espacios de servicios con los que se cuenten”. Esta obligación se extiende a hoteles, restaurantes e incluso tiendas de conveniencia, como Oxxo con sus 20 mil tiendas en el país y 7Eleven con mil 800.
Sería alentador ver que en cada uno de estos espacios se difunda información sobre los aproximadamente 130 mil desaparecidos en México. Sin embargo, el protocolo no define claramente cómo se cumplirán estos propósitos, dejando dudas sobre su implementación práctica.
Críticas y expectativas futuras
Aunque algunos aspectos de la Alerta Nacional de Búsqueda son prometedores, es lamentable que las familias organizadas no hayan sido consultadas durante su desarrollo. Se espera que en la publicación del manual técnico de esta alerta, programada para la siguiente semana, sí se tomen en cuenta las opiniones y experiencias de las familias que buscan a sus desaparecidos, asegurando que el protocolo sea verdaderamente efectivo y sensible a sus necesidades.
En resumen, este protocolo representa un paso adelante en la lucha contra las desapariciones en México, al establecer un marco coordinado que involucra a múltiples sectores y elimina barreras burocráticas como la necesidad de denuncia formal. No obstante, su éxito dependerá de una implementación rigurosa y de la inclusión activa de las voces de quienes más sufren este flagelo.
