Ante abandono partidista, lanzan protocolo de autocuidado para candidatos en medio de violencia política
En respuesta al creciente abandono de candidatos por parte de los partidos políticos y la escalada de violencia electoral, Laboratorio Electoral y la Embajada Británica en México han presentado un protocolo integral de apoyo y un manual de autocuidado. Esta iniciativa busca establecer condiciones mínimas de seguridad para preservar la democracia en regiones donde la participación ciudadana ha caído hasta un 7% debido al asedio criminal.
Un fenómeno regional con graves consecuencias en México
Las propuestas se basan en experiencias documentadas durante los últimos procesos electorales en México, Colombia y otros países latinoamericanos. En las elecciones mexicanas de 2024, el costo de aspirar a un cargo público no solo se midió en votos, sino en vidas: 95 personas fueron asesinadas y se registraron 379 eventos de violencia, consolidándose como el proceso más violento en la historia reciente del país.
A pesar de la gravedad de las amenazas, secuestros y atentados, los partidos políticos han optado por abandonar a sus candidatos, dejándolos vulnerables frente a una respuesta institucional precaria. Este vacío de protección se ha extendido incluso a las inéditas elecciones judiciales de 2025, donde se documentaron:
- 18 casos de agresiones contra aspirantes
- 32 incidentes contra funcionarios judiciales, empleados o familiares
- 9 casos de violencia de género digital e institucional, principalmente contra mujeres
Mapas de riesgo y semáforos de peligro: medidas institucionales propuestas
El protocolo elaborado por Laboratorio Electoral propone medidas concretas para las autoridades, no solo electorales:
- Elaboración obligatoria de mapas territoriales de riesgo que integren variables delictivas, conflictividad política local y antecedentes de agresiones
- Creación de un "semáforo" público que clasifique regiones por niveles de peligro
- Instalación de mesas permanentes de coordinación entre autoridades electorales, fiscalías y cuerpos de seguridad para activar respuestas inmediatas
- Definición de rutas claras de denuncia, tiempos máximos de reacción y criterios homogéneos para otorgar protección
Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advirtió durante la presentación del estudio: "Estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo al crimen organizado, pero gran parte de la violencia se vincula también a disputas político-partidistas". También alertó sobre un vacío legal crítico: antes del registro formal, las personas designadas por los partidos no son aún candidatas en términos jurídicos y, por tanto, carecen de protección institucional.
Manual de autocuidado: protección individual y de equipos
El manual dirigido a candidatas y candidatos se enfoca en la gestión individual y de equipo, incluyendo:
- Lineamientos para evaluar riesgos antes de eventos públicos
- Protocolos básicos de seguridad en traslados y reuniones
- Control de agendas y difusión de ubicaciones
- Verificación de espacios y coordinación previa con autoridades locales
- Protección digital: blindaje de información personal, administración de redes sociales con filtros y establecimiento de canales seguros de comunicación
Un apartado central está dedicado a la protección de familiares y equipos cercanos, considerados un eslabón vulnerable para presiones y amenazas. Se sugieren medidas de discreción en rutinas, protocolos ante intentos de intimidación y documentación sistemática de cualquier incidente.
Violencia concentrada y participación afectada
En México, la violencia de 2024 se concentró en el ámbito municipal, con picos en la definición de candidaturas, en la recta final de campañas y en los días posteriores a la jornada electoral. En los 17 municipios más violentos, la participación cayó en promedio 7%, siendo Chiapas, Michoacán, Guerrero y Morelos los estados que encabezaron la lista de mayor afectación.
Espinosa sostuvo que "la violencia judicial representa un riesgo democrático que aún no es posible dimensionar", al advertir que puede generar autocensura, renuncias o incluso captura institucional. Para las elecciones judiciales, el protocolo recomienda diseñar esquemas específicos, dado que las candidaturas no cuentan con estructuras partidistas ni experiencia en exposición pública.
Un llamado urgente a la acción preventiva
La advertencia final del documento es contundente: más de la mitad de los casos de violencia podrían no denunciarse nunca. Sin monitoreo sistemático, reacción temprana y políticas preventivas, la violencia no sólo cobra vidas; altera la competencia electoral, reduce la participación ciudadana y erosiona la legitimidad democrática.
En este contexto, mapear los riesgos deja de ser una medida extraordinaria y se convierte en una condición mínima para sostener la democracia. El patrón regional de violencia política, documentado por la Organización de los Estados Americanos en sus misiones de observación, muestra que casos como el de Fernando Villavicencio en Ecuador o agresiones contra actores políticos en Bolivia, Colombia y Brasil no son hechos aislados, sino síntomas de un problema estructural que requiere respuestas coordinadas y urgentes.
