Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la reciente detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, vuelve a poner el caso en un punto de inflexión. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer lo que sus antecesores no lograron: permitir que la investigación avance hasta donde conduzcan las pruebas, sin proteger a instituciones, partidos o personajes, y sin fabricar culpables predeterminados.
La necesidad de una investigación sin conclusiones previas
Durante años, la discusión sobre Ayotzinapa quedó atrapada entre dos extremos: quienes redujeron todo a policías municipales coludidos con delincuentes y quienes dieron por hecho que la desaparición fue ordenada desde la cúpula del gobierno federal. Ninguna investigación seria debe partir de una conclusión previamente escrita. La obligación es establecer quién hizo qué, quién sabía qué ocurría, quién pudo impedirlo, quién dejó pasar los hechos y quién contribuyó a esconder evidencias o construir explicaciones falsas.
El caso ha estado marcado por la llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, que luego fue desacreditada, y por las promesas incumplidas de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las detenciones, liberaciones y apertura parcial de archivos, las familias siguen preguntando desde 2014: qué ocurrió con los 43 y quiénes participaron realmente.
El papel del Ejército y los organismos de inteligencia
El Ejército no puede quedar fuera de la investigación, pero tampoco debe condenarse como institución sin individualizar responsabilidades. Existen elementos conocidos que apuntan a que integrantes y mandos del 27 Batallón de Infantería en Iguala tuvieron información sobre los movimientos de los estudiantes aquella noche. Hubo investigaciones y militares procesados, pero también resistencia institucional y documentos reclamados durante años. Si elementos del batallón conocieron lo que sucedía y no actuaron, debe establecerse; si participaron directamente o tuvieron contubernio con policías o grupos criminales, deben responder; si mandos ocultaron información, también.
Algo similar ocurre con el entonces CISEN. Los organismos de inteligencia tenían presencia e información en una zona conflictiva. La pregunta es qué sabían sus agentes aquella noche, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información. Si hubo funcionarios que observaron y se hicieron a un lado, o si desaparecieron grabaciones relevantes, no puede tratarse como una anécdota secundaria.
La responsabilidad de Aguirre y la cadena de mando
La detención de Ángel Aguirre no prueba su culpabilidad. Tendrá derecho a defenderse y corresponde a la Fiscalía acreditar cada acusación. Pero sería absurdo sostener que el gobernador de Guerrero de aquella época no merece una investigación profunda sobre lo que conoció y las decisiones que tomó después de la desaparición. Bajo su administración operaban instituciones de seguridad y procuración de justicia con responsabilidades directas en el estado.
Iguala tampoco puede desaparecer del centro del expediente. La actuación de su policía municipal está relacionada con los hechos, y las responsabilidades del entonces alcalde José Luis Abarca y su entorno nunca quedaron suficientemente esclarecidas. Abarca y María de los Ángeles Pineda enfrentaron procesos, pero eso no equivale a haber establecido toda su responsabilidad respecto de los 43.
La oportunidad de Sheinbaum y la necesidad de justicia real
Claudia Sheinbaum no necesita defender la investigación del gobierno de Peña Nieto ni proteger las decisiones del sexenio de López Obrador. Puede reconocer lo correcto y revisar lo pendiente. Si las pruebas conducen a Aguirre, que se investigue; si alcanzan a funcionarios del CISEN o del 27 Batallón, que se abran los archivos; si alguna evidencia conduce más arriba, también debe investigarse. Pero igualmente debe existir la honestidad de reconocer cuando las pruebas no llegan a determinado nivel.
Ayotzinapa necesita justicia, no revancha política. México ha gastado casi doce años discutiendo narrativas. Los padres de los normalistas envejecieron esperando. Necesitan saber dónde están sus hijos, quién los detuvo y quién permitió que ocurriera. Sheinbaum tiene la ventaja de poder romper el círculo sin defender decisiones originales. Si decide abrir todo y respaldar a la Fiscalía sin restricciones, puede convertir Ayotzinapa en un punto de inflexión. Habrá resistencias, pero hace falta decisión presidencial para garantizar que nadie impida la investigación.
Durante casi doce años ha habido demasiadas verdades sobre Ayotzinapa: la histórica, la oficial, la alternativa. Lo que falta es saber qué ocurrió y quién participó. Sheinbaum no necesita proteger a Peña Nieto ni a López Obrador, pero tampoco condenarlos anticipadamente. Debe permitir que la investigación llegue hasta donde conduzcan las pruebas, sin intocables y sin fabricar culpables. Ayotzinapa lleva casi doce años esperando que el Estado deje de administrar explicaciones y empiece a entregar respuestas. Que se investigue todo, que responda quien tenga que responder y que se conozca toda la verdad.
