La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la publicación de las nuevas Reglas de Carácter General en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta actualización normativa deriva de las reformas publicadas en 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y en 2026 a su reglamento correspondiente.
Según informó la dependencia federal, encabezada por Édgar Amador Zamora, estas disposiciones tienen como objetivo fortalecer el marco regulatorio vigente y consolidar el régimen jurídico aplicado a quienes realizan actividades vulnerables. El propósito central es brindar mayor certeza jurídica a los operadores económicos y garantizar una aplicación homogénea de las normas en todo el territorio nacional.
Criterios de aplicación y obligaciones legales
En un comunicado oficial, la SHCP detalló que las nuevas reglas desarrollan las disposiciones contenidas en la legislación vigente. Se establecen criterios específicos para su implementación y se precisan las obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su supervisión y verificación.
La norma busca optimizar los procesos de control mediante la definición clara de responsabilidades. Al precisar las obligaciones, se facilita a las empresas y profesionales entender sus deberes legales, reduciendo la ambigüedad en la interpretación de las normas anticorrupción y antifraude financiero.
Definición de actividades vulnerables
El artículo 17 de la Ley Federal identifica quince y siete actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero. Estas son aquellas en las que los precios de los bienes o servicios superan ciertos montos establecidos por la ley, lo que incrementa el riesgo de uso indebido de fondos ilícitos.
Entre las actividades clasificadas se encuentran:
- Juegos con apuesta, concursos o sorteos.
- Emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito y prepagadas que no sean emitidas por entidades financieras.
- Otorgamiento de crédito por parte de instituciones no financieras.
- Construcción o desarrollo de bienes inmuebles, incluyendo casas, bodegas y comercios.
- Venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
- Subasta o comercialización de obras de arte.
- Venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
- Blindaje de vehículos terrestres.
- Traslado o custodia de dinero o valores.
- Servicios notariales.
- Servicios de corredores públicos.
- Recepción de donativos.
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente, apoderado o agencia aduanal para importar vehículos, obras de arte y equipos para fabricar tarjetas de pago.
- Arrendamiento de inmuebles.
- Ofrecimiento habitual y profesional de activos virtuales.
Incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
Uno de los cambios estructurales más significativos es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector. Bajo este modelo, los sujetos obligados deben identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas.
La SHCP explicó que esta metodología fortalece la gestión de riesgos y permite una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Este cambio implica que las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos se ajustarán a este criterio dinámico.
Asimismo, la SHCP ejercerá sus facultades de supervisión y verificación bajo el mismo EBR. Las acciones de fiscalización se orientarán hacia los sectores y actividades con mayor exposición al lavado de dinero, permitiendo una vigilancia más efectiva de los puntos críticos.
Modelo proporcional y entrada en vigor gradual
Se introduce un modelo de cumplimiento proporcional, donde las obligaciones y las acciones de supervisión se aplican considerando el nivel de riesgo específico de cada actividad vulnerable. La dependencia destacó que este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acordes con las características de cada sector.
La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual. Este cronograma tiene como propósito facilitar la implementación, permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio, favoreciendo una transición ordenada y eficiente hacia la nueva normatividad.
