El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, a quien él mismo nominó, por haber retirado la demanda contra un exatleta olímpico acusado de dañar el gran estanque reflectante contiguo al Monumento a Lincoln. La fiscal solicitó el viernes dejar sin efecto los cargos contra David Hearn, de 67 años, al afirmar que el daño al monumento "fue resultado de una instalación mal hecha y no a vandalismo".
Hearn, que representó a Estados Unidos en canotaje en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000, había sido acusado de arrancar el revestimiento que cubría el fondo del estanque. De haber sido hallado culpable, habría enfrentado una pena de hasta 10 años de prisión.
En su plataforma Truth Social, Trump expresó: "Estoy 100% en desacuerdo con Jeanine Pirro (...) no sé en qué estaba pensando". Y agregó: "Pudo haber algunas dificultades con el contratista, pero el mayor daño fue causado por VÁNDALOS". Con estas declaraciones, el presidente reconoció implícitamente lo que se ha sospechado durante semanas: que los problemas en la renovación llevaron a que se cayera el revestimiento y proliferaran algas en la piscina.
Problemas de instalación y renovación
Según la fiscal Pirro, después de la inculpación de Hearn, recibió documentos del Departamento del Interior que muestran que el revestimiento presentó múltiples problemas desde su instalación, meses atrás. Los informes indican que la obra estuvo marcada por retrasos debido a las inclemencias del tiempo, dificultades técnicas reiteradas y una fuerte presión para concluir antes de las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos, el 4 de julio.
Esta revelación contradice la versión de vandalismo que ha mantenido el presidente y refuerza la teoría de que el daño fue consecuencia de una instalación deficiente. El estanque reflectante, conocido oficialmente como Lincoln Memorial Reflecting Pool, es uno de los sitios más emblemáticos del National Mall y atrae a millones de visitantes cada año.
Rechazo del secretario del Interior
La decisión de retirar los cargos no fue bien recibida por Doug Burgum, secretario del Interior, de quien depende el Servicio de Parques Nacionales encargado de la gestión de los monumentos históricos. Burgum rechazó la determinación de la fiscal y sostuvo que los daños provienen de "vándalos", denunciando una "profanación".
El secretario del Interior se alineó así con la postura presidencial, en un claro choque de criterios dentro del propio gobierno. Mientras la fiscalía argumenta que no existen evidencias de vandalismo, el Departamento del Interior insiste en la tesis del ataque deliberado.
La versión de David Hearn
David Hearn, quien ha mantenido su inocencia desde el inicio, declaró al diario The Washington Post en junio que lo único que hizo fue meter la mano en el agua y sacar un trozo del revestimiento que estaba flotando. Según su relato, cuando se disponía a marcharse del lugar, fue arrestado por las autoridades.
La defensa de Hearn ha señalado que su cliente actuó de buena fe, tratando de ayudar a retirar un residuo que flotaba en el estanque, y que nunca tuvo la intención de dañar el monumento. El caso ha generado un intenso debate público sobre el uso de la justicia y la influencia política en las decisiones legales.
Un proyecto de 14 millones de dólares
El proyecto de renovación del estanque reflectante, impulsado por Trump, fue estimado por la prensa estadounidense en unos 14 millones de dólares. Además, fue adjudicado sin licitación a una empresa que ya había trabajado en uno de los campos de golf del republicano, lo que ha generado críticas por posibles conflictos de interés.
La obra, que formaba parte de los preparativos para el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, debía estar terminada para las celebraciones del 4 de julio. Sin embargo, los retrasos y problemas técnicos han empañado el proyecto, y ahora la disputa por los daños ha escalado hasta el ámbito político.
El caso ha puesto de manifiesto las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial, así como la fragilidad de los procesos legales cuando se ven envueltos en intereses personales del mandatario. Mientras tanto, la población espera una resolución definitiva que aclare la verdad sobre el estado del estanque y la responsabilidad de cada parte involucrada.
