La desaparición forzada en México supera las 110,000 personas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta cifra, que se actualiza constantemente, posiciona al país como uno con la mayor cantidad de casos en América Latina. La crisis no solo es estadística: es humana. Cada número representa a una persona que fue arrebatada de su hogar, y a una familia que vive en la incertidumbre y el dolor.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado en las últimas dos décadas. Desde el inicio de la llamada «guerra contra el narcotráfico» en 2006, los casos de desaparición han aumentado exponencialmente. Los responsables no solo son grupos criminales; en muchos casos, las autoridades están implicadas o se muestran omisas ante las denuncias. La falta de denuncia también es un problema: muchas familias no acuden a las autoridades por miedo o desconfianza, lo que subestima las cifras reales.
Un problema estructural
Las desapariciones ocurren en todo el país, pero hay regiones que concentran un mayor número de casos. Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Guerrero son algunos de los estados con las cifras más altas. En estas entidades, la presencia del crimen organizado y la corrupción policial crean un caldo de cultivo para la impunidad. Además, la colusión entre autoridades y delincuentes ha sido documentada en múltiples investigaciones.
Organizaciones internacionales como la ONU han documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Estos actos constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y el Estado mexicano ha sido señalado por no garantizar justicia. En su informe de 2024, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU urgió al gobierno a tomar medidas concretas, pero los avances han sido lentos.
La respuesta insuficiente del gobierno
El gobierno federal ha implementado programas de búsqueda, como la Comisión Nacional de Búsqueda, pero son insuficientes. La falta de presupuesto, la escasez de peritos y la colusión con los criminales han sido obstáculos. Además, muchos colectivos de familias han denunciado que las autoridades a menudo revictimizan a los familiares durante los procesos. Las brigadas de búsqueda a menudo operan sin el apoyo logístico necesario y con riesgo constante para los buscadores.
La creación de un banco de datos genéticos es una de las deudas más graves. Sin esta herramienta, es imposible identificar los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Se estima que hay miles de restos sin identificar en los servicios forenses del país. La identificación es un paso fundamental para la reparación del daño, pero también es el más olvidado.
La memoria como resistencia
A pesar de la adversidad, las familias han organizado colectivos de búsqueda que recorren campos y veredas con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Estos grupos, como Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, han logrado hallazgos significativos gracias al uso de técnicas propias y a la colaboración de expertos. Su labor ha sido reconocida internacionalmente como un ejemplo de resistencia civil.
Su lucha ha impulsado reformas legales, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente. La ley establece la obligación de crear bancos de ADN, protocolos de búsqueda y un registro de fosas, pero la mayoría de los estados no ha cumplido.
Una deuda pendiente
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y como tal, no prescribe. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales que obligan a investigar de manera efectiva, pero los resultados son mínimos. La Fiscalía General de la República ha informado sobre investigaciones, pero la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
Es necesario que las autoridades asuman con seriedad la búsqueda y el castigo a los responsables. No basta con discursos; se requieren acciones concretas: más recursos, mayor coordinación y una política pública que ponga en el centro a las víctimas. La sociedad civil continuará exigiendo que la desaparición de miles de mexicanos no quede en el olvido. En un país donde la verdad es esquiva, la memoria es un acto de justicia.
